En pocas ocasiones a lo largo de la historia de España, como así ocurrió durante la Segunda República (1931-1939), se gestó una vinculación más estrecha entre un régimen político y su clase intelectual. Al frente del aparato gubernativo de aquél, ya fuese en calidad de jefes de gobierno o de Estado, ministros, diputados y funcionarios de alto rango, operaba con frecuencia una pléyade de intelectuales adscritos a muy diferentes ámbitos de la vida cultural del país. En el caso de los profesores de enseñanza superior y, en especial, catedráticos universitarios, dicha identificación alcanzó cotas de enorme significación entre aquellos que se habían vinculado a los círculos liberales y progresistas de la política republicana. Aquella república de letras y de ciencias trataba no sólo de responder a las necesidades que en materia educativa e investigadora presentaba el Estado, sino que también se identificó con la herencia de una tradición política liberal que trataba de regenerar el país desde presupuestos ajenos a los planteados por el tradicionalismo de los círculos más conservadores.
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